EUTANASIA, MUERTE DIGNA Y PRISIÓN.

Esta semana muchas eran las cadenas de televisión que abrían sus telediarios con un viejo debate, quizá un tanto olvidado. 

María José Carrasco,  de 61 años, enferma de esclerosis múltiple desde hace más de 30 años, y su marido Ángel Hernández, grabaron diferentes videos para mostrar el sufrimiento que venía padeciendo María José desde los inicios de su enfermedad. Tanto es así, que habiendo alcanzado un acuerdo previo entre ambos, Ángel presta su ayuda para que su mujer termine tomando "pentobarbital sódico", lo que segundos más tarde causa la muerte de ésta, y por tanto acaba así con su sufrimiento. 

A las pocas horas de este suceso, Ángel Hernández fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio y paso la noche del miércoles en los calabozos de una comisaria madrileña hasta que el jueves fue puesto a disposición judicial para más tarde ordenar  su libertad sin fianza y sin medidas cautelares. 

Ahora bien, el acto de compasión y de amor de Ángel con respecto a su esposa puede tener consecuencias de grave entidad para éste. 

Nuestro Código Penal, concretamente el artículo 143, regula la inducción y la cooperación al suicidio a lo largo de sus apartados. El apartado 4 es quizá el que mejor se ajuste a este caso en concreto, y dice así: 

"El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo". 

Por tanto, debemos remontarnos a lo establecido por el número 2 del mismo artículo, el cual impone una pena de prisión de 2 a 5 años "al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona".

Es decir, que la pena aplicable en caso de rebajarse un grado quedaría comprendida entre 1 y 2 años de prisión, pero en este caso, parece bastante claro que habría que rebajar la pena en dos grados, lo que supondría que quedaría entre 6 meses y 1 año de prisión.  Siendo así, Ángel probablemente no entraría en la cárcel, pero sin duda que todo el proceso judicial alargará desmesuradamente su sufrimiento y será un camino largo y costoso para demostrar su "inocencia". 

Según encuestas, el 85% de la población Española está a favor de la eutanasia. ¿Es hora de que los políticos de nuestro país legalicen la eutanasia a fin de acabar con el sufrimiento de centenares de familias?

No parece que vayamos a tener una respuesta en un periodo corto de tiempo. 

Miguel. Á. Callejas.