Quizá la noticia del momento sea la absolución por parte de un Jurado Popular del acusado, Rodrigo Lanza, de los cargos de asesinato que se le imputaban en detrimento de un  delito de homicidio imprudente del que le acusaba. 

Para los que no lo recuerden, el caso por el cual estaba acusado Rodrigo Lanza es el de la muerte de Víctor Laínez, tras una pelea por llevar puestos unos tirantes con la bandera de España, o así ha intentado hacerlo ver la acusación particular.

Lo más llamativo de este Juicio, y seguramente lo que más debates está generando, es el hecho de que ha desarrollado ante un Tribunal del Jurado, es decir y como más comúnmente se conoce, un Jurado Popular.

Pero, ¿Sabemos realmente cuales son los orígenes de un Jurado Popular? ¿Su funcionamiento? ¿Quién puede participar de un Jurado? ¿Qué delitos se juzgan ante un Tribunal del Jurado?

Seguramente desconozcamos todos estos datos, y sencillamente nos fijemos en la premisa de “si una persona desconocedora del Derecho está capacitada o no para emitir un veredicto o sencillamente si es lo más conveniente”.

El Jurado Popular es de reciente creación para nuestro Derecho, ya que hasta la actual Constitución de 1978 donde se establece en su artículo 125 que “«Los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine», no era posible en España la existencia del Jurado Popular. Más tarde, concretamente en 1995 se creó la actual Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, encargada de crear, desarrollar y enmarcar al Jurado Popular.

Entrando ya en el fondo de la materia, y aunque esta de para hablar del tema durante horas, este estudio sobre el Tribunal del Jurado se va a centrar en intentar contestar a diferentes preguntas. ¿Qué delitos se enjuician por Jurado Popular? ¿Quién puede ser elegido para formar parte de un Jurado? ¿Cuáles son las obligaciones de los miembros del Jurado?

En primer lugar, el artículo número 1 de la ya mencionada Ley del Tribunal del Jurado, establece que los únicos delitos que podrán ser Juzgados por este tipo de Tribunal son exclusivamente los siguientes:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).

b) De las amenazas (artículo 169.1º).

c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).

d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).

f) Del cohecho (artículos 419 a 426).

g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

Únicamente son estos delitos los que pueden ser enjuiciados ante un Jurado Popular, ya que fuera de estos tendrá que ser el tribunal competente el encargado de juzgar el delito.

El Jurado Popular lo componen nueve personas más un Magistrado que  hace las funciones de Presidente. Estas nueve personas deben cumplir una serie de requisitos para poder formar parte de un Jurado: Ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino al tiempo de la designación de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido,con la incompatibilidad de todos los profesionales del Derecho, y los miembros de las Fuerzas del Estado, los cuales no podrán incluirse en un Jurado Popular.

La única función del Tribunal no es otra que emitir un veredicto a la conclusión del juicio en el que deberán responder a todas las preguntas que le formule el Magistrado que preside el Jurado sobre los hechos y la participación del acusado.

Los miembros del Jurado, votarán a puerta cerrada sobre los hechos alegados durante el proceso, los cuales se declararan probados si obtienen al menos 7 votos en caso de que sean desfavorables para el acusado o cinco votos en caso de que sean favorables.

Una vez que se obtienen estas mayorías para probar los hechos, se procede a votar la culpabilidad o inocencia del acusado exigiéndose para la decisión los mismos votos que para los hechos.

El veredicto final debe ser motivado, para que no pueda estar viciado de imparcialidad o causa semejante. Si el veredicto se admite, el siguiente paso corresponde al juez que deberá dictar la sentencia que corresponda.

Para finalizar, si el veredicto determina la inocencia del acusado, el Magistrado deberá directamente declarar la misma como tal, pero si por el contrario se determina la culpabilidad, corresponde al Magistrado determinar la calificación jurídica por el delito concreto, el grado de ejecución y participación, los agravantes y atenuantes aplicables y la pena que finalmente le impondrá.

Estas son las nociones más básicas sobre el Tribunal del Jurado, pero la pregunta sigue siendo la misma…¿Es lo más justo un enjuiciamiento por parte de un Jurado Popular?

Miguel. Á. Callejas.

¿Debo pagar la mitad de gasto en material escolar?

Comenzamos la primera semana de septiembre. Se acaban las vacaciones y el verano comienza a encarar sus últimos días.

Arrancan los preparativos para la vuelta al colegio de pequeños y no tan pequeños, y esto puede ocasionar un problema o nueva disputa entre padres separados y divorciados, debido al simple hecho de no saber si los gastos correspondientes a material escolar, se encuentran dentro de la cantidad pagada en concepto de pensión por alimentos. No conocen si deben abonar o no los gastos en libros, estuches, agendas, mochilas y el sin fin de artículos necesarios para afrontar el nuevo curso.

Muchos son los padres que se preguntan si deben  hacer frente a estos gastos, si los mismos tienen el carácter de excepcional o por lo contrario, si estos gastos se encuentran inmersos dentro de la cantidad abonada mensualmente en la pensión por alimentos. También, por otro lado, son muchas las madres que exigen el pago al otro progenitor de la mitad de la cifra a la que ascienda el gasto del material.

Por tanto, la pregunta se resume en "¿Debe el progenitor no custodio abonar el 50% del gasto en material por la vuelta al cole o por el contrario es suficiente con el pago de la pensión por alimentos? ¿Qué ocurre en caso de custodia compartida?"

Pues bien,  pese a las miles de disputas que esto pueda ocasionar, y en líneas generales, podemos afirmar que el progenitor no custodio, NO tiene la obligación de pagar la mitad de los gastos ocasionados en material escolar ya que estos NO se consideran gastos extraordinarios y sí están inmersos dentro de la pensión por alimentos.

Así mismo se pronuncia nuestro Tribunal Supremo, cuya Sala Primera en Sentencia  579/2014, de fecha 15 de octubre determina que:

«1. Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto.

2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes.”

¿Qué ocurre por tanto en caso de CUSTODIA COMPARTIDA en la que no hay abono de pensión por alimentos?

Es cada vez más común y recomendable la creación de una cuenta bancaria donde ambos progenitores abonan de forma periódica una cantidad pactada para este tipo de gastos. De no ser así, y como parece evidente, los gastos en material escolar deberán ser abonados al 50% por ambos progenitores.

Pero ¡CUIDADO!, antes de nada, debemos atender a lo estipulado por nuestro convenio regulador o sentencia, porque cabe la posibilidad de la existencia de pactos que desvirtúen lo establecido por el Tribunal Supremo.

                

Somos conocedores de que es un tema espinoso, que pueden surgir miles de dudas como por ejemplo el abono de las actividades extraescolares, o clases particulares, por ello, no dude en consultar o enviar sus cuestiones a nuestro mail: MiguelCallejas@ICALBA.COM.



Miguel. Á. Callejas.

EUTANASIA, MUERTE DIGNA Y PRISIÓN.

Esta semana muchas eran las cadenas de televisión que abrían sus telediarios con un viejo debate, quizá un tanto olvidado. 

María José Carrasco,  de 61 años, enferma de esclerosis múltiple desde hace más de 30 años, y su marido Ángel Hernández, grabaron diferentes videos para mostrar el sufrimiento que venía padeciendo María José desde los inicios de su enfermedad. Tanto es así, que habiendo alcanzado un acuerdo previo entre ambos, Ángel presta su ayuda para que su mujer termine tomando "pentobarbital sódico", lo que segundos más tarde causa la muerte de ésta, y por tanto acaba así con su sufrimiento. 

A las pocas horas de este suceso, Ángel Hernández fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio y paso la noche del miércoles en los calabozos de una comisaria madrileña hasta que el jueves fue puesto a disposición judicial para más tarde ordenar  su libertad sin fianza y sin medidas cautelares. 

Ahora bien, el acto de compasión y de amor de Ángel con respecto a su esposa puede tener consecuencias de grave entidad para éste. 

Nuestro Código Penal, concretamente el artículo 143, regula la inducción y la cooperación al suicidio a lo largo de sus apartados. El apartado 4 es quizá el que mejor se ajuste a este caso en concreto, y dice así: 

"El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo". 

Por tanto, debemos remontarnos a lo establecido por el número 2 del mismo artículo, el cual impone una pena de prisión de 2 a 5 años "al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona".

Es decir, que la pena aplicable en caso de rebajarse un grado quedaría comprendida entre 1 y 2 años de prisión, pero en este caso, parece bastante claro que habría que rebajar la pena en dos grados, lo que supondría que quedaría entre 6 meses y 1 año de prisión.  Siendo así, Ángel probablemente no entraría en la cárcel, pero sin duda que todo el proceso judicial alargará desmesuradamente su sufrimiento y será un camino largo y costoso para demostrar su "inocencia". 

Según encuestas, el 85% de la población Española está a favor de la eutanasia. ¿Es hora de que los políticos de nuestro país legalicen la eutanasia a fin de acabar con el sufrimiento de centenares de familias?

No parece que vayamos a tener una respuesta en un periodo corto de tiempo. 

Miguel. Á. Callejas.